Por Oliver Aquino, economista y profesor universitario
La reforma fiscal es un tema ineludible. Tarde o temprano, será una realidad. Sin embargo, nadie quiere asumir la consecuencia de pagar más impuestos ni perder los incentivos que benefician a distintos sectores de la economía.
Los más ricos se oponen a la eliminación de exenciones y beneficios fiscales. La clase media rechaza cualquier incremento en el impuesto sobre la renta y se resiste a la eliminación de las exenciones de las compras por internet. Esta última medida ya ha sido implementada en Estados Unidos y Europa, afectando plataformas como TEMU, SHEIN y AliExpress.
En América Latina, en países como México y Chile a la cabeza, siguen ese mismo camino de colocarle traba a las importaciones, que hacen uso de las plataformas digitales. El llamado E-Commerce.
Durante las campañas electorales, todos los sectores políticos respaldaban la necesidad de una reforma fiscal. No obstante, una vez en el poder, la oposición adopta una postura ambigua: dicen apoyarla, pero solo bajo sus propias condiciones, lo que en la práctica significa rechazarla.
Mientras tanto, la ciudadanía y el sector empresarial exigen que el gobierno reduzca sus gastos antes de aplicar nuevos impuestos. Sin embargo, también demandan mejores servicios públicos, mayor inversión en infraestructuras, más seguridad, mejores salarios y megaproyectos, lo que inevitablemente implica un aumento del gasto público.
Desde hace más de dos décadas, el déficit presupuestario ha ido en constante aumento, alcanzando actualmente los 200 mil millones de pesos. Para cubrirlo, el país ha recurrido sistemáticamente al financiamiento externo e interno.
La reforma fiscal es inevitable, como lo ha demostrado la experiencia de la República Dominicana y otros países de la región.
Sin embargo, su implementación conlleva un alto costo político. A corto plazo, la oposición culpará al gobierno por los efectos negativos de las medidas adoptadas, que golpearía con más fuerza a la población con más dificultades financieras.
Mientras tanto, la deuda sigue creciendo y la inversión pública sigue en descenso. La pregunta no es si habrá reforma fiscal, sino cuándo y bajo qué condiciones.
